Gran instrumento para la revolución moralizante en la Administración del Estado implantada por el Presidente Luis Abinader

No queda dudas en estos momentos en cuanto a la firme decisión del Presidente Luis Abinader, de instaurar un estilo de gobierno decente, honesto, trasparente y ético en la administración de los recursos del Estado. En ese orden habrá un antes y un después en la historia de la Republica Dominicana, sin importar los esfuerzos extraordinarios que hace la oposición e interés de presentar a este gobierno como algo más de lo mismo a los que ellos instalaron y de los que la sociedad siente profunda vergüenza.

La aprobación y promulgación recientemente de la Ley #340-22, sobre la extinción de dominio, como un gran éxito político del Presidente de la República, constituye un aporte de importancia histórico como el mayor instrumento para afianzar la revolución moral que con valentía y decisión se inició al mediodía del 16 de agosto del 2020, desde el Palacio Nacional y que desde entonces ha sido el norte en todas las acciones de la presente administración.

El éxito para el Presidente que constituye la Ley #340-22, no radica de manera fundamental en la posibilidad de recuperar los bienes sustraídos por las pasadas administraciones del PLD, lo cual sería muy importante, si no en el freno que se le ha impuesto a los actuales funcionarios de su administración, así como a las futuras administraciones. Esta ley ha llegado para una gran tranquilidad personal del Presidente de la República, así como de la sociedad en general y los funcionarios honestos en particular.

La Ley #340-22, no es perfecta, ni cosa que se parezca, pero como está promulgada y en una correcta aplicación, será un gran instrumento de servicios y control para todos los ciudadanos, con un mensaje claro para empresarios, funcionarios y políticos depredadores del erario público que pretendan hacer uso de acciones incorrectas para resolver y crear fortunas de manera ilícita.

Luego de la promulgación de esta Ley, y habiendo trascurrido la mitad del presente periodo constitucional, es de rigor que el Presidente de la Republica haga una revisión exhaustiva de su staff de funcionarios, ya que con razón o sin ella, la realidad es que existen muchas quejas de la ciudadanía y de la clase política en particular, insatisfecha por el accionar de muchos funcionarios, lo que impone cambios importantes en la percepción de la gente

En el Partido Verde de la Unidad Democrática, admiramos y respaldamos la decisión del Presidente Abinader, orientada a legar a las futuras generaciones un estilo y una conducta ejemplar en el manejo de los intereses del pueblo, totalmente diferente a las implementadas por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, donde con sus excepciones naturalmente, predomino la consigna de que “Lo del Estado no es de nadie y por tanto debe ser mío en una vorágine de sálvese quien pueda”, según podemos observar en los expedientes que maneja el Ministerio Publico que han sido del conocimiento de la población y otros que según comentarios su extravagancia conmoverá a la nación.

En el orden de lo expresado más arriba queremos recordar que en un manifiesto dirigido al país en ocasión de ofertar nuestro apoyo a la candidatura de Luis Abinader, expresamos entre otras cosas lo siguiente. “Que era totalmente imposible seguir por el camino que íbamos, conduciéndonos inmisericordemente a un despeñadero”. Las informaciones conocidas posteriormente nos dicen que teníamos toda la razón.